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Bruselas recomienda a España invertir en estaciones de autobuses

Bruselas recomienda a España invertir en estaciones de autobuses

La Comisión Europea ha hecho público un informe sobre la aplicación del Reglamento (181/2011) sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar en el que recomienda a los países miembros de la Unión que inviertan en estaciones de autobuses.

El informe insiste en que unas estaciones modernas, accesibles y seguras conectadas con otros modos de transporte podrían convencer a nuevos usuarios de optar por el transporte público en autobús.

La Comisión anima a las autoridades locales y nacionales y a los inversores privados a garantizar la conexión multimodal de las estaciones de autobuses con otros modos de transporte, especialmente con el transporte ferroviario y el transporte regional y local en nodos urbanos, así como a renovar las existentes o a construir nuevas estaciones de vanguardia que también sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad o con movilidad reducida.

En opinión de Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS), “este documento es una llamada de atención para los responsables de los países de la UE, para que en sus políticas de movilidad valoren de manera correcta la importancia que supone para la economía y la vertebración del país invertir en este tipo de infraestructuras de transporte”.

Para Barbadillo, “España es un claro ejemplo de la necesidad de implementar políticas de transporte en autobús y autocar, que se han visto relegadas los últimos años en favor de otros modos de transporte que no cubren todas las necesidades reales de los viajeros en nuestro país”.

IMPORTANCIA DEL AUTOBÚS

En términos de pasajeros por kilómetro, el informe recoge que el transporte en autobús representa un 9,2% del total del transporte terrestre de pasajeros en la UE y es el medio más importante de transporte terrestre de pasajeros después de los turismos (81,7%).

Por otro lado, en el documento se hace hincapié en que el Reglamento exige que los Estados miembros designen organismos de aplicación nacionales para garantizar que se cumplen los derechos de los viajeros, pero recoge que es sabido que estos organismos han tramitado muy pocas reclamaciones y que han impuesto muy pocas sanciones.

El informe, que aunque no es vinculante se considera de gran relevancia política, señala que España es el país que más en serio se toma la tramitación de quejas y la imposición de sanciones por violar los derechos de pasajeros del autobús.

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