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El Gobierno retira la amenaza de multa de 30 millones de euros a las gasolineras que no instalen un punto de recarga semirrápido en 21 meses.

El Gobierno ha dado marcha atrás en una de las medidas más contundentes incluidas en el borrador de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático remitido a la CEOE a finales de 2018. La versión final del documento, actualmente en fase de consulta pública, no incluye la sanción millonaria que amenazaba a todas las gasolineras que no incorporaran un cargador para recarga de vehículo eléctrico en los 21 meses posteriores a la aprobación de la nueva normativa.

La sanción podía ascender a un importe de hasta 30 millones de euros al considerar una «infracción muy grave» según la Ley de Hidrocarburos la no instalación en tiempo y forma de un punto de suministro eléctrico de 22 kilovatios para recargas semirrápidas de automóviles. Esta amenaza se extendía a alrededor de 1.200 gasolineras en España con ventas superiores a los cinco millones de litros anuales de carburantes, si bien el borrador de la Ley diferenciaba entonces la rapidez con la que una instalación tenía que acometer la inversión en función de si vendía más de 10 millones de litros -21 meses- o cinco millones -27 meses-.

La publicación en este diario de los planes del ministerio puso en guardia al sector, que advirtió incluso a la ministra de Transición Ecológica con la quiebra de sus establecimientos por tener que acometer inversiones próximas a los 100.000 euros. La patronal de gasolineras Aevecar respira ahora tras la retirada de la sanción, aunque insistirá en sus alegaciones al ministerio en que una Ley no puede obligar a una empresa privada a acometer una serie de inversiones a pérdidas sin mecanismos de compensación.

La presión del sector parece haber hecho mella, ya que en la normativa final que aprobó el Consejo de Ministros y será remitida a las Cortes desaparece cualquier amenaza de sanción. No sólo eso, el texto final tampoco incluye los periodos previstos en el borrador para la instalación de cargadores y se limita a señalar que será obligatorio para aquellas gasolineras con ventas superiores a los cinco millones de litros.

El desarrollo de la normativa queda en el aire. «El Ministerio para la Transición Ecológica dictará las disposiciones necesarias para regular esta obligación incluyendo, entre otros aspectos, las excepciones e imposibilidades técnicas para su cumplimiento, el listado de instalaciones obligadas y la fecha en la que estas infraestructuras deberán comenzar a prestar el servicio», señala el nuevo anteproyecto legislativo.

Fuentes del ministerio ven «lógico» que se produzcan esta serie de modificaciones entre los borradores de trabajo y la versión final del texto que finalmente fue avalado por Consejo de Ministros. Otra de estas variaciones fue la aclaración de que la aplicación de una tasa verde para la introducción de biocarburantes en la aviación se realizaría tras el «informe conjunto» de Transición Ecológica y Fomento, ministerio excluido en un primer momento.

Precisamente, la ministra Ribera se refirió ayer en Bruselas a la propuesta de establecer un impuesto a las aerolíneas para acelerar la reducción de emisiones en el transporte aéreo. «Con carácter general me parece que no solamente es legítimo, sino que es interesante que se planteen estas propuestas», señaló.

Fuente de la noticia: https://www.elmundo.es/economia/2019/03/06/5c7eb639fdddff825d8b463b.html

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