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La posibilidad de futuras ecotasas en carreteras y en la entrada a ciudades se abre camino en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que tramita el Ministerio de Transportes.

El texto ha recibido 306 aportaciones durante el periodo de consulta pública (del 22 de julio al 15 de noviembre) y el departamento de José Luis Ábalos afirma en un informe que “en general, se acepta la entrada en la senda de una fiscalidad verde centrada en la reducción de emisiones, siguiendo el principio de quien contamina, paga”.

El ministerio reconoce, no obstante, que sectores como el del transporte de mercancías por carretera han presentado la esperada oposición: “Consideran que faltan alternativas energéticas competitivas y viables para descarbonizar su operativa en el corto o medio plazo”, se resume en el informe. Otras aportaciones también advierten de la actual estructura del parque de vehículos en España y la necesidad de que se haga una “transición justa que no incida desfavorablemente en el incremento de desigualdades sociales”.

El coste de conservar

Las 306 aportaciones recibidas agrupan 647 propuestas para la futura normativa de movilidad. Entre ellas, la necesidad de nuevas bases para garantizar una planificación rigurosa de las infraestructuras; fijar criterios de priorización para las inversiones públicas, y desarrollar un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del stock de infraestructuras.

Es en este último apartado donde tiene cabida la implantación del pago por uso en las autovías a través de peajes blandos. Transportes desvela que algunos colegios profesionales han planteado la necesidad de “encontrar mecanismos de financiación extrapresupuestaria para la red de autovías de alta capacidad del Estado, considerando que el pago por uso sería la fórmula más relevante y conveniente”. Pero también ha habido propuestas que rechazan frontalmente la tarificación o que la aceptarían con matices: solo para el vehículo privado motorizado o para extranjeros.

Más consenso parece haber sobre la implantación de peajes urbanos: “En general, las propuestas a favor consideran que deben tenerse en cuenta las características del vehículo, su ocupación, el nivel de congestión y contaminación”, resume el ministerio.

Incentivos a la descarbonización

Otra batería de peticiones está relacionada con deducciones para incentivar la inversión en la reducción de emisiones, descarbonización y renovación de flotas, ya sea en propiedad o en alquiler. Transportes también ha recibido propuestas en busca de deducciones fiscales para empresas con planes de transporte al trabajo e inversiones en iniciativas de movilidad sostenible de empleados, como la bicicleta, coche compartido, transporte colectivo, vehículos cero emisiones, etcétera

Desde las empresas gasistas y de hidrocarburos se ha reclamado que la fiscalidad y las subvenciones se apliquen con el objetivo de conseguir la neutralidad climática, “pero respetando el principio de neutralidad tecnológica”. De este modo, abogan por que sean los consumidores quienes elijan la tecnología que más les convenga. Estas empresas sostienen que también están aportando tecnologías de reducción de emisiones de efecto invernadero y son más eficientes económicamente en el corto plazo.

Respecto a la colaboración público-privada en proyectos de infraestructura, organizaciones empresariales han aprovechado este periodo de consulta pública para demandar modelos más claros y sistemas de financiación “más estables y predecibles que permitan planificar servicios con un horizonte mayor”.

Fuente de la noticia: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/11/companias/1613073480_705278.html

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