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En la Unión Europea, y también en España, se han alzado en las últimas semanas numerosas voces del mundo de la empresa, de la ciencia, de la cultura, de la política y de la sociedad civil para reclamar que la salida de la crisis del Covid-19 se base en una recuperación económica verde y limpia, que ponga el Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como pilares de un futuro sostenible, competitivo e innovador que permita hacer frente, de forma inteligente y eficaz, a la emergencia climática.

Ante la necesidad de reactivar una economía maltrecha por el coronavirus, la Unión Europea y muchos gobiernos nacionales están planteándose poner en marcha importantes paquetes de medidas de ayuda pública para estimular el mercado. El problema subyace en que, a causa de las fuertes presiones de ciertos lobbies industriales, los gobiernos hagan un uso ineficaz e irresponsable del dinero de los ciudadanos destinándolo a tecnologías contaminantes y peligrosas para la salud pública y el medio ambiente.

“Si vamos a liberar billones de euros para la recuperación, gastemos bien e invirtamos en una economía limpia, competitiva, resistente e inclusiva para el siglo XXI”, afirmaron recientemente el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, en un artículo de opinión conjunto.

En efecto, la reconstrucción social y económica que debemos fraguar para salir bien parados de la crisis del coronavirus no puede basarse en cimentar y prolongar la vieja economía basada en los combustibles fósiles, que nos han llevado a la emergencia climática, sino todo lo contrario. Nuestra salud y bienestar dependen de ello, como acertadamente afirman Timmermans y Birol en su tribuna.

Por ello, en España, en este contexto, resulta especialmente preocupante la solicitud al Gobierno de un importante paquete de estímulo económico (citado en los medios de comunicación como plan “Renove”) por parte del sector del automóvil, el cual pretende que se destine una importante suma de dinero público para la compra de vehículos de combustión fósil. La aprobación de ese “plan Renove” sería desastroso para nuestro futuro además de incoherente política, económica y socialmente con respecto a la legislación actual y los objetivos de protección del clima acordados y proyectados por España y la Unión Europea.

De acuerdo con los datos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC, en sus siglas inglesas), las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deberían bajar un 7,6% cada año entre 2020 y 2030 si queremos contener el aumento de la temperatura global del planeta por debajo de 1,5ºC y evitar los efectos más catastróficos de la crisis climática.

Por ese motivo, es inaceptable que se pretenda invertir un solo euro de dinero público en apoyar la compra de vehículos con motores basados en la quema de combustibles fósiles (diésel, gasolina y gas natural) y por lo tanto grandes emisores de CO2 (principal gas de efecto invernadero), junto con diversos contaminantes atmosféricos, como los óxidos de nitrógeno y azufre y material particulado, que envenenan el aire que respiramos. Vehículos que cada vez van a tener más difícil poder circular por las ciudades, a medida que éstas vayan implantando Zonas de Bajas Emisiones y otras reglamentaciones destinadas a restringir su uso.

En todo el mundo, los fabricantes de automóviles están planeando un nivel de gasto sin precedentes (varios cientos de miles de millones de euros) en los próximos cinco a diez años para desarrollar vehículos eléctricos y adquirir baterías. Así pues, lo que hay que hacer ahora es una política industrial inteligente que potencie nuestros esfuerzos en electromovilidad, en lugar de tratar de perpetuar los vehículos fósiles.

Los fabricantes de automóviles deben recordar que han de cumplir obligatoriamente ya en 2020-2021 con la normativa europea sobre emisiones de CO2 de los vehículos[1] (el 95% de los turismos vendidos en 2020 tiene que emitir menos de 95 g de CO2/km). El Gobierno y sus diversos ministerios implicados, entre ellos el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no pueden actuar irresponsablemente promoviendo con dinero de todos los ciudadanos planes y programas de ayuda que pongan en riesgo el logro de esos objetivos jurídicamente vinculantes.

En coherencia, ese “plan Renove” no debería autorizarse. En todo caso, si el Gobierno decidiera seguir adelante, dadas las excepcionales circunstancias actuales, debería aprobarse con una serie de condiciones muy claras, para minimizar al máximo los daños a la salud, al medio ambiente (y a la coherencia climática del Ejecutivo). Entre otras, las siguientes condiciones:

  1. Debe considerarse una medida estrictamente puntual, cuyo comienzo y fin sea 2020. Que recoja explícitamente una prohibición de ampliación y/o repetición periódica.
  2. Este plan debe aplicarse sólo a vehículos cuyas emisiones sean, como máximo, 95 gCO2/km. De hecho, ésta debería ser una condición que viniera de los propios fabricantes pues cuantos más vehículos de combustión por encima de ese límite vendan, más difícil tendrán cumplir con los estándares definidos por la reglamentación europea y deberán asumir cuantiosas multas, lo que a su vez terminaría perjudicando el mantenimiento y creación de empleo en el sector.
  3. Debe limitarse y diferenciarse el incentivo económico destinado a un vehículo de combustión del de un vehículo eléctrico puro o híbrido enchufable. La destinada a vehículos de combustión interna (gas, diésel, gasolina) debería limitarse a un máximo de 1.000 €.
  4. La entrega para achatarramiento del vehículo a reemplazar debe ser obligatorio si se va a adquirir un vehículo de combustión interna.

En resumen, el único apoyo público aceptable es acelerar la adopción de soluciones tecnológicas limpias, de cero emisiones de CO2, en todos los sectores de la movilidad. En el caso del transporte por carretera, no hay que pensar sólo en turismos y motos, sino también en el transporte de mercancías y pasajeros: furgonetas, camiones, autobuses.

Paralelamente hay que asegurar que se destina la suficiente inversión pública y privada a la infraestructura de carga eléctrica en edificios privados y públicos, en centros de carga rápida para taxis, vehículos de transporte de pasajeros y furgonetas, y en toda la red de carreteras de la Unión Europea.

Pero también hay que fomentar el teletrabajo, para hacer los menos desplazamientos posibles, así como la movilidad compartida e impulsar el gasto en transporte público cero emisiones: autobuses, tranvías y trenes.

[1] REGLAMENTO (UE) 2019/631 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2019 por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) 443/2009 y (UE) 510/2011)

Fuente de la noticia: https://blogs.20minutos.es/la-energia-como-derecho/2020/05/27/malgastar-dinero-publico-para-comprar-coches-contaminantes/

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