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La Asociación Española de la Carretera viene mostrando su preocupación desde hace años por la indefinición del futuro de las infraestructuras viarias de nuestro país. Vivimos tiempos de inestabilidad política, lo que, sin duda alguna, está ensombreciendo la idoneidad para la inversión en obra pública que había empezado a dibujarse sobre el escenario de la recuperación económica.

El pasado ejercicio, la inversión en carreteras se situó en órdenes de magnitud de los años 80 del Siglo XX, con una caída del 10% en un presupuesto que –hay que recordarlo- fue elaborado partiendo del gasto realmente ejecutado el año precedente, sobre el que ya pesaban dos ajustes importantes: el acuerdo de no disponibilidad adoptado en abril de 2016 y la decisión de cerrar todos los gastos no esenciales, cuatro meses más tarde.

Con la esperanza puesta en el año 2018, el 3 de abril, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy presentaba el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, la industria viaria española recibía un nuevo jarro de agua fría tras el anuncio de una caída del 4,3% en las partidas destinadas a conservación y seguridad vial.

Aún nos quedaba el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), un programa que se dio a conocer en julio de 2017 y al que instituciones y empresas del sector se habían aferrado como a una tabla de salvación.

Porque el PIC, en efecto, surgió como un balón de oxígeno que, a falta de concretar actuaciones –aunque ya conocemos dos, una en Murcia y otra en Castellón-, calendario y algunas otras incógnitas, devolvió una cierta confianza aun permaneciendo en ese escenario de ajustes repetidos en el que las carreteras españolas viven desde hace una década.

Y cuando pensábamos que era poco menos que imposible –y del todo improbable- que nuevas incertidumbres vinieran a hacer mella en el maltrecho sector viario, el jueves 1 de junio y contra todo pronóstico, una Moción de Censura tumbaba al Gobierno de Mariano Rajoy en el Congreso, lo que ha supuesto la paralización automática del PIC, entre otros programas en marcha del Ministerio de Fomento.

El PIC tenía ya en la línea de salida los dos proyectos mencionados, los arcos Norte y Noroeste de Murcia y el tercer carril de la autovía A-7, los cuales estaba previsto que recibieran luz verde en el fallido Consejo de Ministros del 2 de junio.

Por no mencionar los trabajos correspondientes a la nueva licitación de las radiales de peaje, que, al parecer, iba a lanzarse este verano para tener ultimada la operación antes de Navidad. O los vencimientos de las concesiones de 1.000 kilómetros de autopistas, que comienzan en noviembre y que se prolongarán hasta el año 2021, quedando por despejar la incógnita de cómo se podría compatibilizar la reversión a los Presupuestos Generales del Estado de los costes de mantenimiento de estas carreteras –muy elevados- con el paulatino aumento del gasto público prioritario en desempleo, educación, sanidad y pensiones. A esto se añade, además, la necesidad de reducir el actual nivel de deuda pública.

Todo ello exige de una importante reflexión sobre el actual modelo de financiación de infraestructuras, bajo el principio europeo de que quien usa y quien contamina, paga.

Desde la Asociación Española de la Carretera afrontamos la situación descrita, incierta sin duda alguna, en clave de oportunidad, a fin de continuar trabajando en pro de una red viaria segura, eficiente y de calidad. En este sentido, nos hemos puesto a disposición del nuevo Ejecutivo para llamar su atención sobre los problemas que aquejan a las infraestructuras de carreteras, algunos de larga trayectoria y con cierto enquistamiento estructural, planteándole al tiempo posibles soluciones que están sobre la mesa y cuya adopción es una cuestión, fundamentalmente, de voluntad política.

Tal y como he puesto de manifiesto recientemente en el marco de la Asamblea de General de la Asociación, obteniendo el respaldo de nuestros miembros, es el momento de transformar la incertidumbre en oportunidad, insistiendo a las nuevas autoridades en el hecho de que la inversión pública en infraestructuras es claramente insuficiente, y que resulta imprescindible y prioritario incrementarla si no queremos retroceder económicamente y sufrir una pérdida sensible de stock de capital público.

Una responsabilidad que exige del establecimiento de prioridades de inversión y de la revisión del modelo de financiación.

Es mucho lo que la carretera aporta al progreso, al bienestar económico y social, y a la transformación conceptual y material del mundo en que vivimos. Y es muy poco lo que recibe. Esto no solo afecta a la industria y a quienes dependemos de ella. La afectación es global, y puede leerse en términos de pérdida de competitividad interterritorial y en el ámbito comunitario, de empeoramiento de la calidad del aire derivado del incremento de emisiones, de empobrecimiento económico y de minoración de la calidad de vida.

El ya veterano eslogan de la Asociación Española de la Carretera, Mejores carreteras para un mundo mejor, cobra hoy más sentido que nunca, sumidos como estamos en un apasionante proceso de reflexión sobre cómo será la movilidad del futuro, y toda vez que la tecnología está revolucionando nuestra forma de relacionarnos y movernos.

Eso sí. Todo ello solo será posible con un compromiso político real, que ha de partir del reconocimiento del carácter social y de servicio público de primer orden de las infraestructuras viarias.

Fuente de la noticia: https://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/219315-Mejores-carreteras-para-un-mundo-mejor-Imposible-sin-compromiso-politico.html

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